Con el propósito de evitar cualquier crisis producida por el miedo que tienen los inmigrantes de acudir a los servicios médicos y humanitarios, el gobierno del presidente Joe Biden ha emitido una nueva regla que restringe la ejecución de los operativos de detenciones y allanamientos contra inmigrantes indocumentados en áreas como escuelas, clínicas o templos. El propósito es evitar acciones que puedan interferir con el acceso a estos servicios esenciales.

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a través de un memorando enviado a los titulares del ICE, Tae Jhonson y de la oficina del CBP, Troy Miller, con instrucciones precisas sobre esta nueva regla.

De esta manera, el comunicado define como “áreas protegidas” a las escuelas, colegios o universidades, centros médicos, centros de salud mental, centros de vacunación, sitios de prácticas religiosas; pero también a los sitios donde haya desfiles, procesiones o manifestaciones; así mismo se incluyen aquellos lugares donde los niños concurren a jugar, incluso las sedes de servicios sociales en donde se ofrecen servicios de atención a víctimas de la violencia doméstica.

Es debido al impacto profundo de nuestro trabajo que queremos considerar muchos factores diferentes antes que decidamos actuar”, argumentó el secretario Mayorkas. “Esto puede hacer que nuestro trabajo sea muy difícil, pero también es una de las razones por las que nuestro trabajo es noble”.

Desde que inició la pandemia del COVID-19, varios grupos pro-inmigrantes han advertido que muchas personas se han negado a solicitar asistencia médica u otros servicios sociales por temor a ser detenidos y que pese al cambio de gobierno el miedo persiste.

Ahora, desde el gobierno del presidente Joe Biden, los arrestos han disminuido sustancialmente debido a una política del gobierno federal que da prioridad a la captura y deportación de individuos que han cometido crímenes, y al fin de las redadas masivas en sitios de trabajo.

“Ahora tenemos que considerar el hecho de que una acción policial realizada cerca de un área protegida, y no necesariamente dentro de ella, pueda tener el mismo impacto limitante sobre el acceso de un individuo al área misma”, concluyó el secretario Mayorkas.

Finalmente es necesario aclarar que el memorando incluye algunas excepciones, y permite las acciones policiales cuando se trata de resolver una situación que represente una amenaza para la seguridad nacional, el riesgo inminente de violencia, muerte o daño físico de alguna persona, o la persecución de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública.

Fuente: La Opinión